En el marco del Paro Nacional en Colombia que empezó desde el pasado 28 de abril del 2021 se han reportado por la ONG Temblores a corte del 4 de mayo del 2021 más de 10 casos de violencia sexual hacia cuerpos feminizados perpetrada por parte de la fuerza pública. Diferentes mujeres han denunciado a lo largo del país ser agredidas y maltratadas por integrantes de la policía, el Escuadrón Móvil Anti-Disturbios ESMAD y la milicia colombiana.
Estas agresiones sistemáticas deben ser comprendidas como un problema estructural, basándose en Rita Segato en el libro La Guerra contra las Mujeres (2016) quién afirma que el género es la piedra angular y eje de todos los poderes, por tanto, el sistema de género desigual jerárquico ha solidificado la violencia contra las mujeres. Dado que ratifica la soberanía totalitaria sobre un territorio corporeizado y de bien material, el poder soberano no se afirma si no es capaz de sembrar el terror. Así, la fuerza pública como institución guerrerista, patriarcal y masculina promueve violaciones para generar miedo y traumas de largo espectro, es decir representa un rastro permanente en el cuerpo de las mujeres y en el imaginario colectivo.
El implantar pánico se ha convertido en un proyecto de largo plazo, una forma de existencia, su esqueleto es la pedagogía de la crueldad contra aquellos pares antagónicos: los/las manifestantes. La destrucción corporal y mental sin precedentes, en la violencia física, erige el aniquilamiento de la voluntad de la víctima y el poder del victimario que desmoraliza al enemigo, una forma de disolver el tejido social. Esta belicosidad ejercida sobre el cuerpo de las mujeres hace parte de toda la estructura social estatal y paraestatal, donde la exhibición de la crueldad garantiza el control sobre los territorios, sumado a el pavor a manifestarse.
La exhibición del poder ante los otros: “{…} En ese momento se acercó uno del ESMAD y abusó de mí, en presencia de todos sus compañeros” (Testimonio extraído de El Espectador, 1 mayo 2021) refuerza el poder masculino inscrito en los cuerpos feminizados, recaen en narrativas históricas que ahondan en la dominación física y moral, es violencia simbólica como un gesto discursivo más que instrumental. Esta violencia se suscribe no solo en el cuerpo sino también en el lenguaje y es espacio como: “{…} ¡Déjela pasar y hágale lo que quiera! {…} Me encerraron unos policías morboseándome y dijeron: si así son las marchantes, qué rico echarles gases {…} No saben el miedo que sentí pensando que no iba a regresar a casa” (Testimonio extraído de El Espectador, 3 mayo 2021). Distintos relatos denuncian a la Fuerza Pública a lo largo de Colombia, en estos añaden que se obligan a las mujeres a desnudarse en estaciones de policía para el escrutinio de los agentes y que se sometían a las mujeres para ser abusadas sexualmente.
Según Medicina Legal entre los años 2017, 2018 y 2019, se evidenciaron 241 hechos de violencia sexual cometidos por miembros de la Fuerza Pública, no obstante, es probable que las cifras sean manipuladas ya que existe un silenciamiento y complicidad sobre la violencia sexual porque socioculturalmente está normalizada, de igual manera existe una desconfianza en la justicia colombiana y por tanto la ausencia de denuncia. Es vital que el Estado reconozca la magnitud de la violencia con sus dimensiones instrumentales y simbólicas, pues la violación no es una anomalía de un sujeto, es un mensaje pronunciado a la sociedad en su conjunto, todo acto referido a la construcción la masculinidad, al terror y a la exaltación de poder frente a los/las manifestantes.